Débora Diniz e Giselle Carino
Publicado originalmente no El País
El Senado del Estado Alabama (EE UU) revisó la ley del aborto para convertirlo en crimen, incluso en caso de violación o incesto. La única excepción es si se trata de salvar la vida de la mujer. La artimaña legislativa tiene al menos dos objetivos. El primero es inmediato: las mujeres tendrán prohibido abortar, con una sentencia de 99 años de cárcel para quienes intenten ayudarlas a hacerlo. El segundo objetivo es de largo plazo: ante la reversión de la histórica decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos Roe v. Wade, que despenalizó el aborto, se espera que grupos de defensa de los derechos de las mujeres recurran a acciones judiciales y que el tránsito judicial lleve el caso a la Corte Suprema en los próximos cinco o 10 años. Con una nueva configuración moral de la Corte durante la presidencia de Donald Trump y, en particular, con la nominación del juez Brett Kavanaugh, la expectativa es de que un nuevo capítulo sea escrito en la historia del aborto en el país norteamericano.
Es una trampa política y moral tras la ley de Alabama. Si no existe recurso judicial, las mujeres inmigrantes y más pobres sufrirán las consecuencias de la criminalización, como ocurre con las mujeres de la América Latina y el Caribe: recurrirán a métodos inseguros y clandestinos. Las mujeres con recursos financieros viajarán a los Estados vecinos y tendrán acceso a los servicios de aborto seguro. Si hay respuesta judicial, algo inminente, las feministas propulsarán la revisión de Roe v. Wade a la Corte Suprema de los Estados Unidos.
La artimaña del grupo que movió la acción tiene una estrategia perversa de fondo, con respecto a la cual el abogado de la causa, Eric Johnston, no se avergüenza de anunciar públicamente: en el pasado, el aborto fue descriminalizado con base en una interpretación considerada “frágil” al orden constitucional estadounidense: el principio de la privacidad. No habría derecho a la privacidad así explicitado en el texto constitucional, interpreta Johnston. Por eso, puede haber una respuesta basada en una nueva cuestión constitucional. Y, por tanto, es preciso que la ley de Alabama abra otro camino de controversia moral sobre el derecho a la vida del feto. Si el plan continua su ruta perversa, la Corte Suprema estadounidense deberá decidir si esta es la pregunta correcta para la cuestión del aborto y los derechos de las mujeres.
No es un interrogante nuevo en la controversia sobre el aborto. Al contrario, es persistente en los debates legislativos y judiciales en Brasil. En el paquete de la “guerra cultural” del Gobierno de Bolsonaro está el tema del aborto, en particular por el papel de la Corte Suprema en decisiones anteriores, como las de anencefalia y de células madre. En la acción de células madre, la Corte Suprema de Brasil ya respondió a la pregunta de la ley antiaborto de Alabama: la metafísica del inicio de la vida no restringe la protección de bienes constitucionales fundamentales, como el del avance de la ciencia para salvar vidas. Las dos acciones en curso sobre aborto en Brasil en la Corte Suprema ya no se pautan por la retórica religiosa sobre el aborto: es sobre dignidad, ciudadanía y derecho a la salud de las mujeres que la cuestión del aborto debe ser enfrentada en un orden constitucional. Una de las acciones pide la despenalización si las incertidumbres del virus del zika llevan a la mujer embarazada a vivir una situación de sufrimiento mental, la otra pide la despenalización del aborto en las primeras 12 semanas de gestación. De forma similar se movió el debate legislativo en Argentina en 2018, al pautar la cuestión del aborto como una deuda democrática con las mujeres.
Es verdad que la ministra brasileña de Mujer, Familia y Derechos Humanos, Damares Alves, ya ha expresado públicamente su posición favorable a la propuesta de enmienda constitucional, en un trámite en el Congreso brasileño, que establece el “derecho a la vida desde la concepción”: en el reciente evento de resurrección del Frente Parlamentario en Defensa de la Vida y la Familia, la pastora fue homenajeada. La agenda moral del Frente Parlamentario es una traducción política del mesianismo evangélico para el bien común -la familia debería ser solamente la unión entre hombre y mujer-, un cambio del texto constitucional para la definición del inicio de la vida en la concepción y una irónica “beca violación” para incentivar mujeres a no abortar en casos de violencia sexual. El cambio constitucional sobre el “inicio de la vida” es un fragmento de la misma narrativa que mueve la ley de Alabama: imponer al orden político democrático los valores religiosos de una comunidad moral.
El bolsonarismo imaginó que la guerra moral sería más simple de lo que se ha demostrado en las últimas semanas, en las que la enmienda constitucional del inicio de la vida fue retirada hasta en dos ocasiones de la agenda de votaciones del Congreso brasileño. La fake new sobre el kit gay que facilitó la victoria de Bolsonaro no se ha movido con la tranquilidad que se imaginaría. Arriesgaríamos decir que el efecto de la virulencia evangélica patriarcal está generando una fuerza contraria, lo que los teóricos de la política judicial describen como “backlash”: una nueva organización de movimientos de niñas y mujeres que rechaza la interferencia religiosa en la política. Si Alabama es el día después de lo que está pasando en el país latinoamericano en los últimos años, la estrategia de los grupos religiosos está predestinada: el litigio que se anuncia en Estados Unidos para la revisión de Roe v. Wade podrá ampliar la coalición global de mujeres por la despenalización del aborto.
