Entre todas las cuestiones éticas surgidas con la pandemia del Covid-19, una, en particular, guarda directa relación con el tema de la justicia social como foco investigativo del propio nexo entre moral y política. Se trata de saber en qué medida cabe a la sociedad el deber de asegurar a sus miembros una renta básica, capaz de garantizar así un ítem elemental de supervivencia como contraponto a los abusos del poder económico. En tales circunstancias, el debate suele girar en torno al papel redistributivo del Estado, cuya fuerza reivindicativa coincide normativamente con la premisa de un pacto de solidaridad celebrado entre los ciudadanos.
