Este artículo analiza un conjunto de decisiones del Supremo Tribunal Federal (STF) relativas al Beneficio de Prestación Continua (BPC) [Benefício de Prestação Continuada (BPC)], un beneficio asistencial de transferencia de renta para personas de la tercera edad o personas con discapacidad, incapacitadas para el trabajo y la vida independiente, cuya renta familiar per capita sea inferior a un cuarto del salario mínimo. La judicialización de las políticas sociales es un fenómeno creciente en la Suprema Corte brasileña y el caso del BPC es paradigmático. El artículo discute los argumentos de cuño presupuestario que prevalecieron en las recientes decisiones del STF y contesta la adecuación del recorte de renta establecido por la Ley Orgánica de Asistencia Social [Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS)] como criterio de elegibilidad al beneficio. Finalmente, el artículo evalúa los impactos presupuestarios de una elevación del criterio de elegibilidad para medio salario mínimo. La principal conclusión del artículo es la de que una elevación del criterio de renta será acompañada por un aumento de la población legalmente elegible para el BPC, pero, debido a actuales errores de focalización de la política, la expansión de costos será inferior al aumento en el tamaño de la población legalmente elegible.
