La COVID-19 nos ha presentado desafíos en todas las áreas. A los desafíos, la comunidad académica ha respondido con gran exuberancia. Muchas investigaciones han sido propuestas, varios grupos y redes de investigadores han sido constituidos – ingenieros/as, médicos/as, enfermeros/as, sociólogos/as, operadores/as del derecho entre otros/as profesionales han respondido a los desafíos propuestos. Tales desafíos se refieren a la búsqueda de respuestas a cuestiones, entre otras: ¿cuál es el impacto social y económico de la pandemia sobre las poblaciones? ¿Cómo diseñar y desarrollar un respirador simple y de bajo costo? O ¿cómo producir rápidamente grandes cantidades de máscaras y otros Equipos de Protección Individual necesarios para el enfrentamiento de la epidemia en medio de la escasez total de estos recursos y a una lucha comercial por ellos a nível mundial? ¿Cómo realizar pruebas de forma rápida y eficaz para saber si el nuevo producto está contaminando? O ¿qué opciones terapéuticas son eficaces? Son todas investigaciones que en algún momento van a involucrar personas. Es exactamente en este momento en el que los investigadores se preguntan cómo agilizar el proceso de evaluación ética, especialmente cuando hay investigadores de áreas que tradicionalmente no someten sus proyectos de investigación a la evaluación de comités independientes.
